Foto. VSF.“Las causas de las crisis alimentarias en África no hay que buscarlas únicamente en la sequía, el cambio climático o las catástrofes naturales. Hay otros elementos, como las acciones desregularizadas de las empresas transnacionales, agrícolas y pesqueras, que ponen en riesgo la seguridad alimentaria”, asegura Javier Guzmán, director Veterinarios sin Fronteras (VSF). Esta ONGD (Organización No Gubernamental de Desarrollo) ha puesto en marcha la campaña “Paren, aquí vive gente” con la que se quiere concienciar a la sociedad del expolio de tierras y de los bancos pesqueros que están sufriendo algunos países de África subsahariana, así como denunciar la responsabilidad extraterritorial de los estados en las acciones que realizan las empresas transnacionales.

En los últimos años, entre 50 y 80 millones de hectáreas de buenas tierras de cultivo –más del triple de la superficie cultivada en España- han sido transferidas del campesinado agricultor a grandes corporaciones transnacionales. Un 75% de esas tierras se encuentran en el África subsahariana. Las empresas implicadas calculan que se han comprometido ya unos 25.000 millones de dólares y alardean de que la cifra se puede triplicar en un futuro cercano. Los principales inversionistas internacionales son los estados del Golfo Pérsico, China y Corea del Sur, aunque la Unión Europea también está implicada en la adquisición de tierras en África. Por el contrario, los países más devastados –con más del 48% de las tierras adquiridas- son Etiopía, Mozambique, Uganda, Madagascar, Sudán, Mali y la República Democrática del Congo. El acaparamiento de tierras ha sido posible por políticas desreguladoras, acuerdos comerciales e inversores, así como las reformas de los mercados internacionales.

Contra los derechos humanos

El acaparamiento de tierras en muchas ocasiones implica la violación de los derechos humanos, ya que se expulsa a los propietarios –incluso con la participación de los ejércitos-, silenciando y persiguiendo a quienes se oponen a ello. Además se están aplicando modelos agrícolas no sostenibles y el uso intensificado del suelo que pueden desembocar en la destrucción de los ambientes naturales y al agotamiento de los recursos.

En este sentido, en Mozambique, por ejemplo, en un año se cedieron más de cinco millones de hectáreas para la explotación de jatrofa, una planta tóxica que es usada para la producción de agrocombustibles. La cesión de estos terrenos ha supuesto el desplazamiento de campesinos y campesinas, sin poder volver a sus tierras al no poder a volver a ser fértiles nunca más. Esto crea una trágica situación, ya que el 80% de la población mozambiqueña vive de la agricultura y produce el 75% de los alimentos que consumen.

Veterinarios sin Fronteras, en su informe Responsabilidad extraterritorial de los Estados. El expolio de recursos en África subsahariana, indica que “las empresas europeas y españolas están arrebatando los recursos naturales a las comunidades campesinas y pescadoras africanas con los que producen los alimentos que comen”. Asimismo, señala que estas prácticas son generalmente promovidas por los gobiernos europeos –y el Estado español- que incentivan la implementación en África de un modelo productivo orientado a la exportación, un modelo que arrebata los recursos a las personas que viven de ellos, que está contribuyendo al cambio climático y arrojando a miles de personas a la pobreza.
Foto. VSF.
Para el director de Veterinarios sin Fronteras, “las transnacionales están permanentemente acaparando recursos, apoyadas por la política de sus gobiernos, a través de una batería enorme de instrumentos dirigidos a internacionalizar las empresas y defender sus intereses”. Afirma también que los estados no pueden ser los “escuderos” de las transnacionales, sino que tienen que controlar y, en su caso, sancionar las prácticas de las empresas más allá de sus fronteras. Según Javier Guzmán, “la tierra se ha convertido ya en un activo bursátil”, dada la voracidad de las multinacionales a la hora de conseguir beneficios económicos.

Mientras tanto –señala el informe de VSF- “la mayoría de las personas que pasan hambre son familias campesinas del medio rural que manejan menos de dos hectáreas en condiciones de marginalidad con respecto al acceso a la tierra, a la financiación e inversión pública, a los programas de extensión agraria, a los mercados locales. La agricultura campesina está asediada por el sistema agroalimentario globalizado que inunda de productos importados los mercados locales”.

Explotación pesquera

Otro recurso explotado por las transnacionales es el de la pesca. Históricamente la pesca ha sido fuente de alimentos de las poblaciones costeras, que han aprovechado estos recursos de manera artesanal, asegurando tanto la perpetuación de los caladeros como la alimentación de las familias, además de abastecer de pescado los mercados locales.
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La pesca en África subsahariana se practica a pequeña escala y de manera artesanal, pero la mayor explotación de los caladeros la realizan empresas extranjeras. La Unión Europea es la tercera potencia pesquera mundial con una flota de más de 86.000 barcos. España posee el 67% de la flota europea que faena en aguas extracomunitarias y sus transnacionales son una auténtica potencia mundial. Algunas de estas empresas, altamente subsidiadas con fondos de la UE, se embolsan la mayor parte de las ganancias, sin que reviertan esos beneficios en las poblaciones locales. En Senegal, por ejemplo, el sector de la pesca ha sido el primer proveedor de divisas del exterior, así como una importante fuente de empleo, con 600.000 personas que trabajan en actividades relacionadas con la pesca. En la actualidad, estos recursos están explotados por empresas extranjeras. Las españolas tienen el 47% de la cuota pesquera, seguidas por las italianas (37,5%) y las griegas (15,5%). Para Veterinarios sin Fronteras, la explotación a la que están sometidos los caladeros y la forma de hacerlo supone una amenaza para la soberanía alimentaria del continente africano.

Exigencias al Gobierno y a la UE

Foto. VSF.
Con su campaña “Paren, aquí vive gente”, Veterinarios sin Fronteras quiere exigir al Gobierno español que tome las acciones necesarias para poner freno a esta situación. En una entrevista mantenida con José Luis Rodríguez Zapatero se le expuso una profunda preocupación por las crecientes actividades de algunas empresas de capital español y europeo que operan en terceros países y solicitó al entonces presidente del Ejecutivo español que impulsara el principio de responsabilidad de los estados, desarrollando “herramientas objetivas, transparentes y públicas de control” para evitar la vulneración del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. VSF también denuncia que la Unión Europea deshace con sus políticas comerciales lo que hace con sus políticas de cooperación. Con esta dice luchar contra la pobreza en África, pero con la acciones comerciales promueve que las empresas transnacionales acaparen y manipulen los recursos productivos africanos expulsando a comunidades enteras de sus territorios, con lo que ello lleva de desarraigo y pobreza. Ante esta situación, VSF exige que las administraciones públicas regulen adecuadamente y sancionen a las empresas que vulneren el derecho a la alimentación.

Hay que alzar la voz de los y las débiles

Foto. J.I. Igartua.

Janet Mary Oliso, campesina ugandesa, lleva muchos años luchando contra el acaparamiento de tierras que “está acabando con los pequeños mercados y lo que ello significa para el sustento de los pequeños campesinos”. En Uganda, en estos momentos, los precios de los productos son muy bajos y los intermediarios engañan a los pequeños agricultores, obteniendo magníficos beneficios en detrimento del productor que cada día se enfrenta a mayores dificultades para poder subsistir.

Esta mujer, de fuerte personalidad, preside TECLANET, una red integrada por 45 organizaciones comunitarias de base en Uganda. Pese a ello, no duda en señalar que “prácticamente nadie alza la voz contra la expropiación de la tierra y la gente es expulsada de su propiedad. Es una amenaza permanente y hay que alzar la voz”. Esta amenaza afecta especialmente a las mujeres, muchas de ellas analfabetas y sin capacidad de defender lo que es suyo. Para Janet, “una mujer analfabeta no puede acceder a un título de propiedad de la tierra ni defender sus derechos”. Esto tiene un efecto muy negativo sobre la familia, pues no hay que olvidar que la mujer ugandesa, al igual que la de la mayoría de los países del África subsahariana, “es la columna vertebral de la familia”. Es el soporte de la alimentación y el bienestar del clan. Terminan convirtiéndose en mano de obra barata para las grandes multinacionales que operan en el país.

Para tratar de paliar esta situación, Janet se muestra convencida de que hay que promover rápidamente la educación de las mujeres. “Desde esta formación, señala la activista, será posible fomentar el levantamiento de la población civil contra una circunstancia injusta”. Reconoce que el Gobierno de su país ha tomado algunas medidas, pero insuficientes, “seguramente porque las denuncias que se hacen desde el mundo rural no tienen la fuerza necesaria para cambiar esta situación”.

También denuncia los efectos sobre el medio ambiente con la introducción masiva de pesticidas, que afectan al aire, al agua, a la misma tierra, sin olvidar el cultivo de semillas genéticamente modificadas. “El Gobierno ugandés –dice Janet- promueve la introducción de este tipo de semillas, que genera una dependencia total y hace imposible la competencia de los campesinos más débiles”.

Además, con el cambio climático, estos agricultores están perdiendo la noción de cuál es el tiempo más adecuado para la siembra y la recolección puesto que las estaciones han cambiado. “Esto está produciendo hambre en muchas familias”, afirma Janet.

Lucha contra la total impunidad

Foto. J.I. Igartua.
La lucha de Peter Bakele Kayiira comienza en el año 2001 cuando, con el apoyo del Gobierno ugandés, le fueron arrebatadas sus tierras –junto a las de otras 400 familias- por la empresa alemana Neumann Kaffee Gruppe, que no sin cinismo distribuye algunos productos con el sello de comercio justo. Dedicada a la explotación de café verde, su sede está en Hamburgo.

Tras la negociación mantenida por el Ejecutivo ugandés con la citada compañía alemana, en junio de 2002 los funcionarios del Gobierno se presentaron en cuatro aldeas de la región de Mubende diciéndoles a sus habitantes que se tenían que ir porque las tierras ya no les pertenecían y no tenían derecho a ningún tipo de indemnización. Ante la negativa de la población, en agosto de ese mismo año el Ejército llevó a cabo una acción militar destruyendo las casas y disparando con fuego real. La gente salió huyendo sin poder llevar nada consigo.

Peter, con amplia experiencia en la movilización social por los derechos humanos, ha promovido toda clase de acciones ante la justicia y el Parlamento pero, después de diez años, no ha conseguido ninguna resolución, pese a que la Constitución ugandesa reconoce la propiedad de la tierra. Es más, en Uganda el Estado no tiene la tierra porque ésta es propiedad de toda la población ugandesa. El artículo 227 regula la propiedad de la tierra y las relaciones que se producen entre iguales entre quienes quieren adquirirlas o alquilarlas. Para Peter, “no hay un vacío legislativo, pero no se quiere aplicar. El problema es la impunidad con la que actúan quienes deben vigilar por el cumplimiento de la legislación y la de las empresas”.

Para este licenciado en magisterio, participante en numerosas conferencias internacionales para denunciar el caso de la región de Mubende, campañas como “Paren, aquí vive gente” son fundamentales para exigir que los gobiernos y las multinacionales asuman sus responsabilidades en los casos de acaparamiento de tierras. También para concienciar a la sociedad de una realidad que viola la seguridad alimentaria de los pueblos y que causa hambre en cientos de miles de personas.

En este sentido, Peter asegura que “el carácter corrupto de la magistratura ugandesa no puede ser un obstáculo para obtener justicia porque se puede acudir a los tribunales supranacionales”. Pero, además, se pueden llevar a cabo acciones como la denuncia a las empresas transnacionales que violan los derechos humanos; boicotear en el mercado los productos de estas compañías; presionar a los Estados para que hagan cumplir las obligaciones extraterritoriales de las empresas.

Peter Bakele Kayiira concluye que hay que seguir luchando hasta el final porque “la soberanía alimentaria está amenazada en el mundo”.