Colombia vive un momento histórico, muy cerca de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, en el Chocó, una de las regiones más afectadas por los desplazamientos internos y las pérdidas durante esta larga guerra, la paz no está ligada únicamente a los grupos armados. La ausencia de inversión social, el conflicto por la tierra y los megaproyectos mineros mantienen a la población indígena y afrodescendiente sumida en la pobreza.

pag26_denunciaprofetica1_webEsta situación está siendo denunciada por los obispos del Pacífico Norte colombiano, que han lanzado distintas cartas pastorales en los últimos meses y han hecho un llamamiento general a solucionar la crisis de derechos humanos en el Chocó. En su visita a España, monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, expuso su esperanza de alcanzar la paz por medio de las negociaciones de La Habana, pero también denunció que, si no se toman las medidas adecuadas y el Gobierno garantiza la protección de los territorios en el Chocó con posibilidades reales para una vida digna, “después del conflicto armado llegará el conflicto por las concesiones de la tierra y la guerra con las multinacionales”.

La preocupante situación de la región ha llevado a los obispos de las Diócesis de Antioquia y Chocó a publicar una Carta Pastoral sobre la Minería para “llamar a la reflexión sobre la explotación de los recursos naturales y las repercusiones para el medio ambiente, la dignidad humana y la convivencia social”.

El departamento del Chocó es uno de los que cuenta con un mayor índice de pobreza extrema de toda Colombia: un 48’7%. Se estima que el 80% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas, mientras el promedio nacional es del 32%. Además, desde el inicio del conflicto armado el 60% de la población chocoana se ha visto obligada a desplazarse de su territorio.

A esto se suman ahora los problemas causados por la incontrolada minería mecanizada. La Iglesia advierte en su comunicado sobre “el peligro que representan las concesiones otorgadas a multinacionales en el Chocó”. Además del deterioro ambiental evidente (tala de árboles, contaminación de ríos y quebradas, destrucción de suelos, daños irreparables en la biodiversidad de la zona, etc.) se está cambiando la forma de vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes dedicadas a actividades agropecuarias, piscícolas o a minería tradicional artesanal, respetuosa con el entorno, para obtener recursos rápidos por sus tierras, dinero que se convierte en “pan para hoy y hambre para mañana”. Las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas de las decisiones sobre la explotación de sus recursos, las licencias otorgadas por el gobierno proporcionan a las grandes empresas, en muchas ocasiones, poder económico y político para influenciar a las administraciones locales. Estas presiones consiguen exenciones tributarias que representan un problema para el bien común, ya que la actividad empresarial no reporta beneficios a la comunidad porque no se pagan los impuestos correspondientes que podrían significar una mejora en el acceso a bienes o servicios públicos.
[quote_right]Favorecer esa dinámica económica extractivista significa favorecer el empobrecimiento de una gran parte de la población.[/quote_right]
En aspectos sociales y culturales también se están modificando las conductas en las zonas donde proliferan las mineras (legales o ilegales): desintegración familiar, incremento del alcoholismo, auge de la prostitución, aumento de la corrupción, intensificación de la violencia y mezcla de actores en el conflicto armado, altos niveles de explotación laboral, abusos sexuales, vulneración de los derechos territoriales de colectivos indígenas.

Para monseñor Barreto es importantísimo estar en esta defensa con las comunidades, para conseguir que se escuche la denuncia, porque si no se dice alto y claro que “el problema es el modelo económico basado en la industria extractiva que el gobierno de Colombia está aplicando en el Chocó y en el país” no se alcanzará la paz en la región, aunque se desmovilicen los grupos armados y se firmen los acuerdos de paz. “Tiene que haber cambios en el modelo económico extractivista y es necesaria una mayor inversión social en la zona, que triplica la pobreza de otras regiones del país”.

“La comunidad internacional debe tener en cuenta que las políticas extractivistas que manejan las potencias económicas afectan gravemente a una buena parte de la población colombiana, especialmente a los más pobres, a los campesinos, a los afrodescendientes, a los indígenas…y favorecer esa dinámica económica extractivista significa favorecer el empobrecimiento de una gran parte de la población”.

La legislación minera colombiana, liderada por el Ministerio de Minas, en estos momentos no tiene prácticamente articulación con el Ministerio de Medio Ambiente, lo que permite que se otorguen licencias sin el adecuado estudio de impacto ambiental. Lo mismo sucede con el derecho de las comunidades originarias a ser informadas sobre su territorio y ser consultadas sobre su uso. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales está ratificado por Colombia y exige que los pueblos sean consultados y puedan participar de manera informada, previa y libre en las decisiones políticas que les afecten, lo que no sucede en la realidad en la mayoría de las concesiones territoriales mineras. Otra de las normativas que es necesario revisar es la tributaria, ya que las empresas mineras están disfrutando de exenciones fiscales que perjudican a las poblaciones más pobres donde se instalan, que dejan de recibir unos ingresos que podrían aumentar los servicios básicos de la comunidad, como la sanidad o la educación.
[quote_left]La Iglesia católica está apoyando fuertemente el proceso de paz en Colombia.[/quote_left]
La tarea de denuncia que hacen desde la diócesis de Quibdó se acompaña de proyectos concretos, con apoyo internacional de diferentes ONG como InspirAction o Christian Aid, para formar a los y las jóvenes sobre sus derechos, para trabajar por la legalización de los títulos de propiedad de las tierras tras los desplazamientos forzados en tantos años de conflicto armado, para defender el medioambiente y poner en valor las prácticas agropecuarias tradicionales.

La Iglesia católica está apoyando fuertemente el proceso de paz en Colombia, pero Juan Carlos Barreto cree que “hacen falta soluciones de fondo o estamos caminando a un escenario permanente de violencia, de destrucción ambiental y prácticamente, en la región del Pacífico norte, al exterminio cultural, físico y espiritual de la población afro e indígena. Hay una situación grave y estamos advirtiendo que es momento de corregirla”.