Hace unas semanas se presentaba el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD), una herramienta creada para medir, evaluar y comparar el compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo. Es un proyecto pertinente en el contexto los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), aprobados en la Asamblea de Naciones Unidas. El ICPD, según ha explicado el coordinador del proyecto, Pablo José Martínez Osés, hasta ahora director de la Plataforma 2015 y más…, nace con el objetivo de ofrecer una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que miden el crecimiento de los países, donde el Producto Interior Bruto (PIB) es uno de los más destacados. Estos nuevos indicadores son una iniciativa impulsada por organizaciones sociales dedicadas a temas de desarrollo. El ICPD nace como alternativa de medición para fiscalizar y transformar las políticas públicas, en el ámbito nacional e internacional, con el fin de caminar hacia un modelo de gobernanza justo, constituir una guía tangible para orientar el trabajo de los responsables políticos y de las acciones de los gobiernos. Para explicar y transformar la desigualdad local y global hay que medirla, escrutando las políticas que pongan en el centro del modelo de desarrollo a las personas y el planeta. “No se trata de una propuesta neutral”, subraya Martínez Osés, “como tampoco lo son otros medidores como el PIB, la Renta Nacional Bruta (RNB) o el Índice de Desarrollo Humano (IDH)”.

El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son algunos de los retos que se ponen de manifiesto.

Foto. Ryan McGuire

El ICPD ha evaluado la acción gubernamental de 133 países a partir del análisis de cinco componentes (social, económico, ambiental, global y productivo) -que determinan las políticas de esos países- y los comportamientos y efectos de veinte acciones públicas, teniendo en cuenta si contribuyen a procesos universales y sostenibles de desarrollo o si, por el contrario, los obstaculizan. El medidor sanciona y/o premia el comportamiento de estos gobiernos con un enfoque y una apuesta por un desarrollo humano, sostenible, con perspectiva de género, ecologista, basada en los derechos humanos y profundamente cosmopolita, sin dar por hecho que los efectos e impactos de las políticas nacionales afectan únicamente a sus respectivas ciudadanías, sino que van más allá.

En la primera edición del ICPD, Dinamarca está a la cabeza de los datos más positivos y Singapur se sitúa a la cola del compromiso con el desarrollo equitativo, siendo un país que en otros índices (el del Banco Mundial o el Índice de Desarrollo Humano del PNUD) queda mucho mejor situado. Países como Suiza, situado en los primeros puestos de otros indicadores cuantitativos, se sitúa en un modesto 58º lugar en el ICPD, que penaliza su falta de transparencia fiscal. España se sitúa en el puesto 13º, aunque solo está a unas décimas de descender a un grupo menos considerado. Nuestro país ocupa posiciones relativamente bajas en componentes como el social (entre los países de la UE con menor baja de maternidad). Las conclusiones del informe revelan la necesidad de que el nuevo gobierno tome medidas en la garantía efectiva de los derechos sociales, en la apuesta por la transformación de la economía hacia una más sostenible y a generar un modelo productivo más avanzado.

Se trata de poner en el centro del modelo de desarrollo a las personas y al planeta.

Foto. Ryan McGuire

En un contexto de clara insuficiencia del sistema internacional para hacer frente a los desafíos globales en materia de desarrollo, es cada vez más evidente la necesidad de superar una agenda basada en la mera ayuda. La coherencia de políticas para el desarrollo (CPD) gana relevancia como un enfoque holístico que pone en el centro de la agenda de desarrollo políticas de la propia ciudadanía.

Como parte del propio proceso de globalización y de las crecientes interrelaciones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales que lo caracterizan, los procesos de desarrollo han adquirido un carácter transnacional y global y las interdependencias globales se han acentuado. Asuntos cuya responsabilidad recaía principalmente en el ámbito estatal requieren ahora de una acción internacional coordinada, al mismo tiempo que emergen retos globales que solo pueden abordarse de forma colectiva y coordinada, de los que el cambio climático, la desigualdad global, la pérdida de biodiversidad o las crisis energética o financiera son algunos ejemplos. Se abre, así, una brecha entre unos retos de desarrollo globales y unas respuestas de carácter nacional y se hace más evidente si cabe la necesidad urgente de mecanismos globales de gobernanza. Se observa asimismo un cambio en la geografía de la pobreza, que pasa a concentrarse en países de renta media en los que viven actualmente más del 70% de las personas en situación de pobreza extrema del planeta. Este grupo de países de renta media se está forjando como nuevas potencias mundiales con gran capacidad de influencia y proyección internacional.

Más información en: http://www.icpd.info/