En septiembre de 2015, durante la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York, 193 gobiernos del mundo se comprometieron a cumplir la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que esta contiene. Numerosos países están dando pasos decididos para revisar sus políticas públicas a la luz de los desafíos de la Agenda del Desarrollo. En 2017, tan solo en América Latina once países presentaron sus avances en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. En 2016 lo habían hecho ya otros tres: Colombia, México y Venezuela. Otras naciones en nuestro entorno, como Alemania, Francia o Suecia, llevan también muy avanzados los procesos de gobernanza relativos a los ODS.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Asamblea General de las Naciones Unidas. FOTO SHUTTERSTOCK

La Unión Europea, en las conclusiones del Consejo del 20 de junio de 2017, reiteró el firme compromiso de la UE y de sus Estados miembros de aplicar plenamente la Agenda 2030. El Consejo instó a la Comisión a establecer, de aquí a mediados de 2018, una estrategia de aplicación que incluya un calendario, objetivos y medidas concretas para aplicar la Agenda 2030 en todas las políticas de la UE. España no puede quedarse rezagada. Se trata de una oportunidad para avanzar en un modelo de sociedad más inclusiva, sostenible, igualitaria y diversa y una inmejorable ocasión para recuperar y forjar de manera colectiva la imagen internacional de España como un país solidario, comprometido con otros en el camino hacia los ODS y que contribuye, junto a los demás, a la solución de los problemas urgentes en el mundo.

La Agenda supone también una buena ocasión para alcanzar un consenso entre las distintas fuerzas políticas y actores económicos y sociales que permita transitar ese camino, al necesitarse, para su consecución, un esfuerzo concertado a medio y largo plazo que convoque a toda la sociedad.

Existen numerosas iniciativas protagonizadas por la sociedad civil: las universidades españolas se han puesto de acuerdo en iniciar un proceso de reflexión para aplicar los ODS de una manera concertada y se ha conformado por 30 universidades españolas la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS); se ha creado la coalición multisectorial Futuro en Común, que realiza un seguimiento desde la sociedad civil en España; se organizan con frecuencia campañas en favor de los ODS por parte de distintas organizaciones, como las de Oxfam-Intermón, WWF, UNICEF o, por otra parte, las de Global Compact en su trabajo con las empresas… También algunos gobiernos autónomos, como el catalán, vasco, navarro y valenciano, impulsan el alineamiento de sus políticas y existe un interés cada vez mayor en alinear las políticas municipales con estos objetivos, un asunto que ocupa ya a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Además todos los grupos parlamentarios han adoptado el 22 de noviembre de 2017 un acuerdo plasmado en una Proposición no de Ley (PNL) sobre la definición de la estrategia nacional para el cumplimiento de la Agenda 2030 en la que se insta a implementar una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible en España que defina los objetivos, las políticas, las medidas legislativas y las estructuras de gobernanza y cuente sobre todo con un marco presupuestario creíble para hacer realidad la Agenda en nuestro país. Esta normativa se debería tramitar en las Cortes y acompañarse de una Memoria de impacto sobre el cumplimiento; y la creación de un Consejo de Desarrollo Sostenible que represente a los agentes sociales, económicos y políticos.

Las más de 70 plataformas, redes y organizaciones convocantes del Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué falta por hacer?, celebrado en abril pasado en el Congreso de los Diputados, han pedido que el Grupo Interministerial de Alto Nivel (GAN) para la Agenda 2030 englobe a más ministerios fundamentales para que pueda cumplir su objetivo de poner en marcha esta estrategia, como el de Hacienda o Economía y no se limite al de Exteriores y al de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente. Vamos tarde pero es fundamental impulsar que participen todos los actores estatales, regionales, municipales y sociedad civil, así como sensibilizar a la ciudadanía y la opinión pública sobre esta oportunidad.

Los retos más urgentes

Las entidades han puesto sobre la mesa algunos retos específicos. Cuestiones impostergables con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para un país como España, con un nivel de Desarrollo Humano clasificado como “muy alto” por el PNUD. El informe elaborado por la Sustainable Development Solutions Network (SDS) de las Naciones Unidas conduce a parecidas conclusiones sobre nuestros retos. España se clasifica en rojo en: crecimiento económico, innovación industrial, consumo responsable, acción climática, vida marina y gestión de la biodiversidad; en naranja en: pobreza, hambre, educación de calidad, desigualdad, paz y asociación para los objetivos; en amarillo en: salud, igualdad de género, saneamiento de aguas, energías limpias y ciudades sostenibles. España ha perdido en esta edición el único indicador verde con el que contaba: el de igualdad de género.

Para retomar el pulso habría que implementar un proyecto centrado en los problemas de las personas y del planeta.

  1. Elevados niveles de desigualdad social (Índice de Gini de renta: 0,35), Además de ser de los mayores de la UE, van en aumento (ODS 10).
  2. Elevados niveles de pobreza relativa, con un especial impacto en la infancia (2,7 millones de niños y niñas viven en riesgo de pobreza) (ODS 1).
  3. Elevada huella ecológica. España necesita 2,4 veces más superficie de la que dispone para mantener el nivel de vida y la población actuales (ODS 8). Y niveles de emisiones de gases de efecto invernadero muy altos (variación respecto a 1990: 13% de aumento en 2016) (ODS 13).
  4. Altos niveles de desempleo y, sobre todo, de desempleo juvenil (48,3% en 2015 para menores de 25 años) (ODS 8).
  5. Execrables niveles de violencia de género, amplia brecha salarial entre mujeres y hombres (ODS 5) y carencias de provisión adecuada de servicios de cuidado asequibles y de calidad para descendientes y otras personas a cargo. Se trata de limitaciones que repercuten sobre todo en las mujeres.
  6. Necesidad de hacer uso de un enfoque de género y de edad en la recopilación, análisis, diagnóstico y evaluación de los datos estadísticos, de manera que pueda analizarse con rigor el cumplimiento de los ODS.
  7. Escaso gasto social en comparación con los promedios de la UE (ODS 10).
  8. Insuficiente inversión en I+D+i (1,22% del PIB en 2014) (ODS 9).
  9. Elevados niveles de corrupción (ODS 16).
  10. Mala conservación y gestión del agua (44% de masas de agua en estado “peor que bueno” en 2016) (ODS 6).
  11. Un esfuerzo de ayuda al desarrollo (AOD en 2015: 0,12% de la RNB) muy por debajo de la media de la UE (0,51% de la RNB) y del CAD (0,32%) (ODS 17).