Durante la horrible y fratricida Guerra Civil española de 1936 se hizo célebre el lema “No pasarán”, por el cual los defensores republicanos de Madrid establecían toda una consigna de resistencia y se animaban a seguir en la lucha. Dice la Wikipedia que también se usó en Nicaragua, donde además Carlos Mejía Godoy compuso una canción y que asimismo lo usan los galos de Asterix en su lucha contra los romanos (ver Asterix en Hispania). Su origen parece estar en la batalla de Verdún y la famosa defensa de la línea Maginot de la Primera Guerra Mundial.

Pues bien, me viene hoy a la cabeza esta declaración cuando leo que el Gobierno de España, por mano de su ministro de Energía, Álvaro Nadal y llevado de la mano al parecer del lobby de las grandes compañías eléctricas españolas, ha dado una nueva vuelta de tuerca apretando un poco más -si cabe- a las alternativas participativas, locales, de pequeño tamaño que generan y comercializan otra electricidad. Al llamado (e inexplicable en un país como el nuestro) “impuesto al sol” por el que se penaliza e impide la generación de energía solar fuera de los grandes circuitos comerciales ha llegado a mediados de septiembre una nueva penalización. El 11 de septiembre Álvaro Nadal anunciaba que el coste del bono social debía ser asumido por las comercializadoras eléctricas.

El bono social nació en las peores épocas de esta última crisis, en 2009, como una ayuda del Gobierno para que las familias con menos recursos pudieran hacer frente a la factura eléctrica, como una forma de combatir lo que se ha venido a llamar pobreza energética. En aquellos años, las familias más afectadas por los recortes, el desempleo y las penurias no podían calentar su casa, alumbrarla o calentar la escasa comida de que disponían por no poder hacer frente a su elevado coste. El gobierno aprobó entonces subvencionar a pensionistas (no contributivos), familias numerosas o desempleadas con un descuento que suele suponer alrededor de un 25% del coste final. Una ayuda, al fin y al cabo, escasa y no suficiente pero que algo suponía. Este descuento lo canalizaban las compañías eléctricas que, por aquel entonces eran pocas, grandes y poderosas.

En la última década, sin embargo, han ido surgiendo en España alternativas locales, participadas y participativas, cooperativas, diferentes de comercializar y generar energía. Hablaré aquí de Som Energia por ser la que mejor conozco (somos socios desde hace bastante tiempo) pero también está Goiener, Nosa enerxíaSon modelos cooperativos, sin ánimo de lucro, nacidos de la inquietud de muchas personas por ejercer una soberanía energética e, incluso, una cierta desobediencia al demostrar que hay formas de generar electricidad sin abusar del consumidor, de manera colectiva, usando fuentes renovables y generando empleos. Un botón de muestra: los clientes de Som Energia no sufrimos la abusiva y desmesurada subida de tarifas de la pasada primavera porque la cooperativa decidió que tenía músculo (fondos) suficientes para no entrar en el juego de la especulación.

El gobierno ahora, con este traslado de responsabilidad que yo incluso llamaría dejación de funciones, pretende privatizar el coste del bono social, que debería ser un compromiso asumido por el Estado en su función redistribuidora de la riqueza y en su lucha contra las desigualdades. Y pretende privatizarlo de tal manera que perjudica mucho más a esas pequeñas iniciativas de soberanía energética que al lobby de las grandes que, dicho sea de paso, además se les llena la boca y los anuncios de su responsabilidad social corporativa. Pero, ¡no pasarán!: la lucha por otros modelos de economía basada en las personas sigue cueste lo que cueste.