Es necesaria una guía para enfocar la ayuda al desarrollo en España, pero debe corregir la demonización de la migración y la preferencia por los países de renta media.

“Hasta ahora el crecimiento económico no ha venido acompañado de reducción de la pobreza sino de aumento de la desigualdad”, así de contundente se muestra Andrés Rodríguez Amayuelas, presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (CONGDE). La crisis de desigualdad se está agravando. El 82% de la riqueza mundial generada durante el año pasado fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre –3.700 millones de personas– no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento, según deja claro el informe presentado por Oxfam en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

¿Los paíes empobrecidos necesitan un plan quinquenal?Actualmente, es difícil encontrar un líder político o un líder empresarial que no exprese públicamente su preocupación por la desigualdad. Si no cerramos la brecha entre ricos y pobres no alcanzaremos el objetivo de erradicar la pobreza extrema y en 2030 cerca de 500 millones de personas seguirán viviendo con menos de 1’9 dólares al día. Pero podemos hacer algo para remediar esta situación. Podemos diseñar un modelo económico que funcione para todas las personas y no solo para una élite selecta y, así, acabar con la crisis de desigualdad. Una economía que premie el trabajo, no la riqueza.

España tiene una ocasión más para tender a reducir brechas. El pasado mes de diciembre, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, presentaba el V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021), un conjunto de líneas estratégicas para aplicar en las políticas públicas de ayuda en los próximos cuatro años. Es una gran oportunidad para recuperar esta política de Estado, acorde al papel que España desea jugar en la esfera internacional y a sus compromisos adquiridos en Naciones Unidas, dentro del horizonte de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otras instancias multilaterales. El Gobierno de España no ha priorizado combatir contra la pobreza extrema y la desigualdad, dentro y fuera de nuestras fronteras, en los últimos cinco años. Para los presupuestos de 2018, el Gobierno tendría que aumentar los recursos, llegando como mínimo al 0’3 % de la Renta Nacional Bruta y destinando, al menos, 150 millones de euros para ayuda humanitaria. Ahora tenemos una ayuda al desarrollo (AOD) raquítica y anómala comparada con la que prestan los países de nuestro entorno, llegando al tan solo 0’13% del PIB. Ya lo había advertido la OCDE en su informe de pares de hace dos en el que pedía revertir esta situación a nuestro país.

El borrador del Plan Director se queda aún en formas tradicionales, no es nada innovador y presenta seis carencias básicas sin cuya subsanación no tendrá utilidad como herramienta de gestión de la política de cooperación, según la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (CONGDE).

1) Inexistencia de un marco presupuestario con compromisos. El documento no va acompañado de una memoria económica, en la que se especifiquen los fondos que se destinarán. Además, la cuestión presupuestaria aparece reflejada con menciones difusas. Por ejemplo, se afirma que “la definición de objetivos para los próximos cuatro años exige realismo en relación con las capacidades y la realidad actual”. España debería normalizar su esfuerzo de ayuda y acercarse a aquellos que integran la UE-15, en los que se destina un 0’51% de la Renta Nacional Bruta a cooperación internacional. Los dos últimos Gobiernos llevan ocho años aplicando con saña recortes a la cooperación. Es notorio ver el contraste con los incrementos en otros ministerios como el de Defensa, por ejemplo.

2) Carencia de un enfoque estratégico. En la propuesta del V Plan Director se explicita una voluntad de alinearse con la Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiación del Desarrollo y el Acuerdo de París sobre cambio climático, aunque debería quedar clara una visión a largo plazo, ambiciosa y con prioridades bien determinadas. Resulta estimulante la voluntad de mantener el apoyo a reformas fiscales y a la lucha contra la evasión y los paraísos. Los ministerios competentes deberían implicarse y lograr una actuación coherente en justicia fiscal internacional. Las grandes corporaciones y las personas más ricas son un factor clave. Utilizan su poder e influencia para garantizar que las políticas gubernamentales vayan a favor de sus intereses y priorizan maximizar los beneficios de sus accionistas a cualquier precio, aunque esto implique bajar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras o eludir impuestos.

3) Ausencia de un marco institucional y normativo. El texto propuesto no hace referencia a las reformas necesarias y recomendadas por distintos organismos nacionales e internacionales para superar la fragmentación, solapamiento y descoordinación existente entre los distintos actores de la cooperación. Solo se menciona la modificación del estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID), antes de diciembre de 2019.

4) Falta de ambición con respecto a la coherencia de políticas. En el Plan se menciona la necesidad de reforzar la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Tal y como han señalado el Comité de Ayuda al Desarrollo -de la OCDE-, el Consejo de Cooperación de España y Naciones Unidas en la Agenda 2030, es indispensable que el Estado establezca un mecanismo encargado del cumplimiento y evaluación de dicha coherencia tanto en las políticas nacionales como en las destinadas al exterior. Este instrumento deberá situarse en el más alto nivel de la Administración y contar con recursos y capacidades suficientes.

5) Deficiente valoración del papel de la sociedad civil. El documento destaca el rol de las ONG en la atención de las comunidades más vulnerables. No se reconoce, sin embargo, su importancia como agentes de incidencia política y de transformación social mediante la educación para el desarrollo.

6) Imprescindible impulsar un marco de seguimiento y evaluación. El plan no contiene indicadores y metas con los que realizar un seguimiento y evaluación del mismo. Tampoco plantea herramientas de planificación y seguimiento anuales que puedan orientar e informar sobre los avances conseguidos y los desafíos existentes.

Existen, además, otras necesidades que se hacen patentes tras su lectura. El tratamiento de las migraciones es una mera apuesta por vías legales y seguras y se echa de menos una mirada positiva y diferente de la gestión de las personas migrantes, centrada en la defensa de los derechos humanos de quienes dejan sus tierras y familias. Se debería recoger entre los retos el terrible hito de 65 millones de personas desplazadas forzosamente. Muchas por conflictos alimentados por armas, cuyo control obvia en V Plan Director. El abordaje del fenómeno migratorio se ciñe a lo económico, sin incluir lo social y cultural. Se empeña en ubicar la ayuda como freno a las migraciones. Luchamos contra la pobreza y la desigualdad por justicia, no para impedir que las personas migren. Más peligrosa aun es la referencia al control de las fronteras como parte de la gestión de las migraciones, lo que abre la puerta al uso de la ayuda para reforzar su externalización con aliados cuando menos dudosos. El ejemplo más reciente es el acuerdo al que ha llegado la propia UE con Turquía para que haga de gendarme de los flujos de personas, criminalizándolas.

El V Plan no corrige el peso de la cooperación con países de renta media y su sociedad civil. Lo que sorprende es el olvido del apoyo a la sociedad civil de estos países, directamente o a través de ONG españolas. Asistimos a un tiempo duro de ataque a la sociedad civil en todo el mundo. El número de defensoras de derechos humanos amenazadas y asesinadas no ha hecho más que crecer. El espacio genuino para la participación se reduce, al tiempo que se persigue la crítica, sobre todo si viene de organizaciones de mujeres. La desigualdad crece y con ella la losa para acallar voces sociales vigilantes.

En palabras de José María Vera, director de Oxfam Intermón: “El día de Nochebuena, como cada año reciente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, felicitaba en TVE a los militares en el exterior. Solo. Ni a misioneros, ni a cooperantes, a nadie más. Mi respeto hacia los militares en el exterior, no es lugar para analizar su labor. Dicho esto, presidente, ¿puede dar una señal a estos jóvenes, así sea minúscula, de que la solidaridad internacional le interesa algo?”.

Este proceso de estrategia podría brindarse como un excelente momento para hacerlo.

No dejar a ningún niño y niña atrás

Es la consigna bajo la que el Grupo de Infancia (varias organizaciones que han estado trabajando en incidencia conjunta desde 2012: Acción contra el Hambre, EDUCO, Entreculturas, Plan International, Plataforma de Infancia, Proyecto Solidario, Save the Children, UNICEF Comité Español y World Vision Spain) ha lanzado el documento Una oportunidad para millones de niños y niñas. Una serie de recomendaciones para garantizar que la infancia sea una prioridad en el V Plan Director y que este contribuya al cumplimento de los Derechos del Niño. “Los niños y las niñas suponen casi la mitad de la población en situación de pobreza extrema y están en el centro de los ODS, por lo que es una oportunidad histórica de revertir las políticas de desarrollo en España”, han manifestado las organizaciones.

  1. La infancia en los países más castigados por el hambre, la pobreza, la desigualdad, la violencia de género, las emergencias y el impacto del cambio climático, necesita la urgente recuperación política y presupuestaria de la Cooperación Española. El desafío no es solo presupuestario, sino también estratégico y político. Por ello hay que garantizar que la infancia, sin distinción de género, religión, cultura y orientación sexual, sea uno de los ejes principales del V Plan Director 2018-2021:
  2. Definir y garantizar que la infancia y su bienestar sea una prioridad de la política de Cooperación Española y que oriente sus intervenciones a la misma.
  3. Garantizar que el enfoque y los principales contenidos y directrices de la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española se integren en el V Plan Director.
  4. Promover que la política de Cooperación Española se alinee y enmarque en la Agenda 2030.
  5. Asegurar un impacto positivo transversal en la infancia, promoviendo el enfoque de derechos de infancia en las áreas que son críticas para este colectivo: nutrición (ODS 2), salud (ODS 3), educación (ODS 4), igualdad de género (ODS 5), agua y saneamiento (ODS 6) y protección (ODS 16, 5, y 8).
  6. Incrementar de manera sostenida y previsible los fondos de la AOD hasta alcanzar el 0’4% de la RNB en 2020, haciendo un adecuado seguimiento del porcentaje de la ayuda que se destina a infancia.